Gabriela Rojas | Últimas Noticias
18/06/2012La eliminación de la figura de los trabajadores tercerizados, contratados y eventuales amparados en la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT)y su consecuente incorporación a la nómina fija de las casas de estudio donde laboran ha puesto a las universidades a regularizar la situación de muchos trabajadores que tienen largo tiempo librando esta lucha y suma a otros que recién asumen los beneficios que trajo el nuevo marco legal.
Aunque la Ley establece un mínimo de tres años para que las instituciones se adecuen, las protestas de trabajadores no se hicieron esperar, en medio de una discusión entre autoridades universitarias que piden tener los recursos garantizados y el Ministerio de Educación Universitaria que les exige rendición de cuentas para soltar más presupuesto.
Justo pero... La gran coincidencia es que se trata de una justa demanda que regulariza una situación de larga data.
Esta deuda pendiente puede rastrearse hace más de 20 años, según Jehyson Guzmán, viceministro de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación Superior. “Recuerdo que cuando entré a la universidad (ULA) había gente con 10 años de contrato”.
El viceministro reconoce que primero debe haber una evaluación de la magnitud del problema. “Hay que tener un sólo mapa del personal contratado, tercerizado, medio tiempo y eventual que no tiene una relación estable en términos laborales para luego hacer un plan, porque no es verdad que se diga ‘todos entran de una vez’. Eso sería demagógico. Sería una locura”.
Amalio Belmonte, secretario de la UCV, expresa “hay algo de justicia en que se incorpore a estos trabajadores, porque muchos tienen años en situación de contratados. Pero no se proveen los recursosy sólo se ordena que se incluyan más trabajadores. El Gobierno se compromete con ellos, pero le da el problema a las universidades”.
La necesidad de sistematizar esta información generó la creación de una Comisión Nacional de carácter mixto, de la cual forma parte el rector de la ULA, Mario Bonucci, quien fue uno de los primeros que se enfrentó a la orden de reincorporar inmediata de 1.492 trabajadores que quedaron sin contratación.
“La ULA es una de las pocas universidades que autoadministra todos sus servicios (comedor, vigilancia, aseo), lo que significa que tiene una carga elevada de personal. Pero hace más de 20 años trabaja con la figura del (trabajador) eventual fundamentada en el artículo 112 de la anterior LOT”, explica Bonucci.
El rector de la ULA se refiere a que la institución contrata por dos meses y medio a un personal que luego quedaba por fuera otros dos meses, lo que generaba un nuevo personal para ocupar esos cargos.
“El resultado es que la universidad requiere 747 cargos entre vigilantes, mantenimiento y choferes, pero son más de 1.400 personas que ocupan esos puestos alternativamente”, especifica Bonucci.
Este es uno de los aspectos que considera el viceministro Guzmán “debe haber una auditoría de cargos y revisar que no haya cinco personas para una sola tarea. Eso debe ser conjuntamente con las universidades, porque, a fin de cuentas, se afecta su funcionamiento y el patrimonio de la nación porque si no se convierte en un carnaval de asignaciones”.
Allí apunta la exigencia del rector Bonucci ante el ministerio “desde 2008 estoy pidiendo recursos a la Opsu y después de mesas y mesas de trabajo no los han dado para regularizar esto. Si contrato el personal con recursos de otras partidas cometo un ilícito, por eso pido que me den la oferta de disponibilidad: cuántos cargos tengo o cuántas personas puedo contratar”.
Cuentas claras
Otros factores en juego los señala Carlos Suárez, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV (Sutra). “Algo muy grave que se presenta es la simulación de patronos, porque hemos investigado las empresas y encontramos que pertenecen a personas que ocupan cargos directivos y docentes dentro de la misma universidad”, denuncia Suárez.
Específicamente se refiere a empresas tercerizadas como las de mantenimiento y jardinería que implementan la modalidad de contratar personal que labora durante cinco o seis años, luego cambian la empresa prestadora del servicio, pero dejan el personal anterior con lo que se rompe la continuidad de años de antigüedad.
El dirigente sindical asegura que en vista de estas irregularidades están haciendo levantamiento de información en cada uno de estos trabajadores, que son advertidos para evitar que formen parte de los sindicatos, afirma Suárez.
“Hasta 2010 hicimos un censo que contemplaba 400 trabajadores bajo esta figura y, aunque hemos introducido amparos de protección ante la Inspectoría del Trabajo, aún no han acudido a revisar los casos”, dijo el representante de los obreros de la UCV que agrupa una nómina de 13 mil personas (incluyendo a empleados administrativos).
El secretario de la UCV explica que hace dos años la universidad contrató como fijos a la mayoría de este personal para regularizar la disponibilidad de cargos y que en la actualidad permanecen unos 200 empleados y obreros en figura de contratación, entre los que señaló a los empleados de la Fundación Jardín Botánico.
Pero Guillermo Guerrero, secretario de reclamos de Sutra UCV, advierte que sólo en el Jardín Botánico hay 120 trabajadores sin entrar a la nómina, a pesar de que cuentan con una providencia administrativa desde 2011 en la que el Ministerio de Trabajo ordena regularizar la situación de la Fundación que fue devuelta a la UCV en el año 2000, como parte del patrimonio de la institución.
Pendientes
Los docentes y trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr) también exigen que la Ley entre por casa.
La presidenta de la Asociación de profesores de la Unesr denunció que desde la estatización de la universidad en 1999 han pasado cuatro autoridades rectorales y ninguna regularizó la situación de 3.500 docentes que trabajan bajo la figura de “honorarios profesionales” y otros mil profesores como contratados, por lo cual no reciben beneficios, como, por ejemplo, HCM o tickets de alimentación.
La preocupación de los trabajadores es que se alargue la espera para mucho más de los tres años que da la LOT.
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